Inicio
Entrar en área restringida
Entrar
Contactar
Jueves
24
Abril

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla
AREA PRIVADA
COLEGIO
GUARDIAS
FORMACION
CIRCULARES Y BOLETINES
REVISTA CON LA VENIA
OTRAS WEB
NOTICIAS
ANUNCIOS
MODELOS DE GUARDIA
REQUISITOS DE INCORPORACIÓN
NOTICIAS MUTUALIDAD
NOTICIAS MUTUALIDAD
Los mutualistas recibirán una rentabilidad en el Plan Universal del 5,30% por el ejercicio 2013

En el ejercicio 2013, la Mutualidad ha conseguido un rendimiento neto de inversiones del 5,89%, que se traduce en un 5,30% de rentabilidad para el Plan Universal. Ello significa que, una vez aprobadas las cuentas anuales, los mutualistas recibirán un 0,8% de renta complementaria y añadida al 4,50%, ya adelantada trimestralmente.
Los rendimientos obtenidos se comparan muy favorablemente frente a la inflación del periodo (0,3%), lo que supone una rentabilidad real de las inversiones para los mutualistas del 5%, la más alta desde la constitución del Plan Universal.



Distribución de la cartera de activos de la Mutualidad.
A cierre de diciembre, la cartera de la Mutualidad se desglosa en un 82,35% de inversiones en renta fija, un 5,17% en renta variable (acciones y fondos de inversión), un 11,32% en inversiones inmobiliarias gestionadas de manera directa y un 1,16% en depósitos y tesorería. Como se puede apreciar, se trata de una distribución con un perfil muy conservador y un claro sesgo hacia los rendimientos recurrentes con alto grado de seguridad. Distribución de la cartera de activos de la Mutualidad.
A cierre de diciembre, la cartera de la Mutualidad se desglosa en un 82,35% de inversiones en renta fija, un 5,17% en renta variable (acciones y fondos de inversión), un 11,32% en inversiones inmobiliarias gestionadas de manera directa y un 1,16% en depósitos y tesorería. Como se puede apreciar, se trata de una distribución con un perfil muy conservador y un claro sesgo hacia los rendimientos recurrentes con alto grado de seguridad.
Expectativas de rentabilidad para el 2014

La composición de la cartera de inversiones de la Mutualidad permite a la Mutualidad seguir abonando el 4,50% como rentabilidad a cuenta en el Plan Universal para el primer trimestre de 2014. El objetivo para este ejercicio, pues, es conseguir situar la rentabilidad a final de año en torno al objetivo marcado del 5%.
Los mutualistas recibirán una rentabilidad en el Plan Universal del 5,30% por el ejercicio 2013
La Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita supone un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos
La Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita supone un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos
24/02/14
Comunicación/ICAME

Tras el análisis jurídico del proyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el Consejo General de la Abogacía Española considera que burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales.
• PERJUICIOS AL CIUDADANO. La supresión de la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano. El proyecto de Ley exige en su artículo 25 al letrado del Turno de Oficio el “requisito indispensable de que, con independencia de su lugar de residencia o establecimiento, pueda personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo”. Con el proyecto de Ley, cualquier letrado de cualquier Colegio de Abogados podrá darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Así un abogado residente en Santander podrá adscribirse al Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Cádiz, por lo que sería de imposible materialización el cumplimiento de ese plazo, especialmente en la asistencia a detenidos en dependencias policiales y se tendría que abrir un nuevo período de tres horas, mientras el detenido espera. Pero, además, en un caso de divorcio, el abogado de oficio puede estar en A Coruña y su cliente en Almería. El proyecto de Ley no sólo no ofrece ninguna ventaja al ciudadano, sino que perjudica la actual prestación del servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana y dificulta enormemente el control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas negligentes de abogados que no están adscritos a su demarcación territorial.
• NO A LA VINCULACIÓN A LA LEY DE TASAS. La Abogacía rechaza que este proyecto de Ley se vincule a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes y porque la Ley de Tasas, una norma con amplio rechazo social, político y judicial, está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad (Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y de varias cuestiones de inconstitucionalidad.
• LA SUBIDA ENGAÑOSA DE LOS UMBRALES DE ACCESO. Los nuevos importes establecidos para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 12.780 euros anuales, mientras que ahora se incrementa a 14.910 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.
• AUMENTA LA BUROCRACIA. El proyecto de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los expedientes, lo que supone un gasto público innecesario y anticompetitivo. Más del 90% de las solicitudes, expedientes y designaciones de Justicia Gratuita son ratificados por las diferentes Administraciones Públicas. Este sistema supone continuar con una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento del ciudadano a la Justicia Gratuita. Además, se incrementan las obligaciones de averiguación patrimonial por los Colegios de Abogados.
• FALTA DE IGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS. La extensión del derecho a Justicia Gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas) –al margen de sus recursos económicos- supone una quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio. Este reconocimiento, en un contexto de recortes generalizados, puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y aboca a este servicio de Justicia Gratuita a dificultades de viabilidad económica.
• AUMENTA LAS OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS Y REDUCE LOS BAREMOS. El proyecto de Ley supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Esta reducción de unos módulos ya históricamente infravalorados supone un menosprecio a la labor de los abogados del Turno de Oficio. Además, el proyecto impone límites a la libertad e independencia de los abogados y prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido
• NO RESUELVE LOS PROBLEMAS REALES. El proyecto es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa.
• SOSPECHAS INJUSTIFICADAS HACÍA EL CIUDADANO. Se establece una sospecha hacia los ciudadanos que soliciten tres veces año el beneficio de Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente.
• NO HAY GARANTÍA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA. El texto aprobado por el Gobierno no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita. Las tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa.
• MÁS DIFICULTAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA Y MENOS DERECHOS PARA LOS CIUDADANOS. La suma del proyecto de Ley de Justicia Gratuita a la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana se resume en más dificultades para el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.
• DIÁLOGO PARA MEJORAR EL PROYECTO DE LEY. La Abogacía coincide con el Gobierno en que, después de 18 años de vigencia de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, es necesaria una reforma dialogada para adecuar este servicio a los ciudadanos a la actual realidad social y económica, abordando posibles disfunciones y dignificando el trabajo de los abogados del Turno de Oficio en beneficio de la población sin recursos. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su voluntad de colaborar activamente en el trámite parlamentario, buscando siempre el interés del ciudadano beneficiario de este servicio y trabajando por la dignidad del abogado que lo presta. La Abogacía aplaude que el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita –puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía a coste cero para la Administración y para los ciudadanos- sea de uso obligatorio en las comunicaciones entre Administraciones y Colegios de Abogados.
Nota de Prensa del Consejo
El ICAME organiza esta tarde un Seminario sobre ejecución de penas
El ICAME organiza esta tarde un Seminario sobre ejecución de penas
ICAME/Comunicacion
28/03/14

Ponentes:

Cuestiones prácticas sobre la suspensión y sustitución de penas
Ilmo. Sr. D. Carlos Ernesto Manzano, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Penal núm. 6 de Granada

Ejecución de la pena privativa de libertad. Derecho Penitenciario
Ilmo. Sr. D. Juan Rafael Benítez Yébenes. Magistrado de la Audiencia
Provincial de Málaga. Juez de Vigilancia Penitenciaria de Melilla.

La prisión electrónica (control telemático de penados)
Prof. Dr. D. Carlos Aránguez Sánchez. Profesor Titular de Derecho Penal
de la Universidad de Granada.


Cada ponencia tendrá una duración aproximada de treinta minutos y posteriormente un breve debate

Moderador:

Ilmo. Sr. D. Blas Jesús Imbroda Ortiz
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

SEMINARIO SOBRE EJECUCION DE PENAS

Día: Viernes 28 de Marzo

Lugar: Centro de Negocios OBS
Av./Cándido Lobera 5, 3º Ático (Melilla)

Horario: de 19:00 a 21:30
A partir de las diecinueve horas y en OBS
JORNADA SOBRE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A MENORES INFRACTORES
JORNADA SOBRE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A MENORES INFRACTORES
JORNADA SOBRE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A MENORES INFRACTORES.
DÍA 6 DE MAYO.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: UNED MELILLA, AULA N.º10.
JORNADA SOBRE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A MENORES INFRACTORES
El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita
El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita
22/02/14
Comunicación/ICAME

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes 21 de Febrero su proyecto de ley de Justicia Gratuita, en el que amplía este derecho a las asociaciones de víctimas de terrorismo, de consumidores y usuarios y de discapacitados cuando actúen en defensa de sus intereses.
En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha destacado el "amplio contenido social" y la "fuerza" del texto, que constituye la "otra cara de la moneda de la ley de tasas" al establecer una "vinculación" entre los ingresos generados por este gravamen con la financiación de la Justicia Gratuita.
Entre las novedades más significativas, el proyecto reconoce el derecho a tener justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados psíquicos que sufran maltrato o abuso o a quienes reclamen indemnizaciones por las secuelas de carácter permanente sufridas en un accidente.
El Gobierno aprobó hace un año un real decreto por el que modificaba la polémica ley de tasas y anticipaba la entrada en vigor de puntos esenciales del anteproyecto de Justicia Gratuita para que los nuevos beneficiarios pudieran acogerse desde ese mismo momento.
Con independencia de sus recursos para litigar, el proyecto incluye como beneficiarios a las asociaciones anteriormente mencionadas, junto a la Cruz Roja, a sindicatos y a representantes de los trabajadores y a las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo cuando actúen en defensa de sus intereses.
El proyecto mantiene la justicia gratuita para trabajadores, funcionarios, personal estatutario y beneficiarios de la Seguridad Social en primera instancia e incorpora la posibilidad de que sean representados en procesos laborales por graduados sociales. Cuando recurran tendrán una bonificación del 60 por ciento de la tasa.

De igual modo, el proyecto eleva el umbral para que puedan acogerse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones. A partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950), mientras que antes para poder acceder tenían que tenerlos de menos de tres veces (19.170).
El umbral para contar con justicia gratuita pasa de 14.910,28 euros al año hasta los 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39). Cuando el solicitante no forme parte de una unidad familiar el umbral se sitúa en dos veces el IPREM.
Ante determinadas circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, el límite asciende de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).
Además, se permite la posibilidad de que los beneficiarios elijan qué prestaciones desean obtener. Entre ellas, se encuentra la exención de las tasas, abogado, procurador, asistencia pericial, información sobre mediación, inserción gratuita de anuncios o edictos, obtención gratuita de copias, y reducción del 80% de los derechos arancelarios.
Por primera vez, la ley recoge expresamente a los imputados y a los reclamados por euroórdenes, ya que hasta ahora la norma sólo mencionaba a los presos y detenidos como posibles beneficiarios de la justicia gratuita si sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos.

Además, introduce controles para que no haya abusos ni fraudes en el ejercicio de una prestación que "pagamos todos los españoles". Así, se establece una "presunción de abuso" cuando la persona solicite "tres veces al año" este derecho en todos los órdenes, salvo en el penal. En ese caso, podrá pedirlo pero acreditando esa necesidad.
Si en el plazo de cuatro años el beneficiario mejora su fortuna y sus ingresos constituyen el doble del umbral por el que en su día accedió a la justicia gratuita, la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.
En este sentido, la norma incrementa las facultades de averiguación patrimonial por parte de los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. El juzgado podrá apreciar la existencia de abuso de derecho por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y la revocará y podrá condenarle en costas.
Por otra parte, la Administración se compromete a abonar los servicios prestados en los cinco primeros días al abogado de oficio cuando a una persona no le es reconocido finalmente este derecho en el orden penal.
Los trámites para la obtención de la justicia gratuita se agilizan con la obligatoriedad de que los colegios y las administraciones utilicen el expediente electrónico en sus comunicaciones, mientras se contempla la creación de un comité de consultas en el Ministerio de Justicia para prestar un servicio homogéneo en todas las comunidades.
Entre las novedades más significativas, el proyecto reconoce el derecho a tener justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados psíquicos que sufran maltrato o abuso o a quienes reclamen indemnizaciones por las secuelas de carácter permanente sufridas en un accidente.
El Gobierno fija la prueba de acceso a las profesiones de abogado y procurador
El Gobierno fija la prueba de acceso a las profesiones de abogado y procurador
Comunicación/ICAME
13/03/14
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, para establecer los criterios por los que se realizará la prueba que capacitará para el ejercicio de ambas profesiones, según ha informado el Ministerio de Justicia.
El Real Decreto aprobado reforma ese de 2011, para que la prueba conste únicamente de una parte escrita de contestaciones o respuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores.
De esta forma se garantiza un sistema coherente de evaluación de aptitud profesional que permitirá valorar con absoluta objetividad la formación obligatoria teórico-práctica, lo que beneficiará a los aspirantes al permitir una mayor agilidad en la calificación final y, por tanto, en la obtención de los títulos necesarios para ejercer la profesión para la que se han preparado.
El Real Decreto también reconsidera los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en la evaluación final, de tal forma que ésta no sea el único medio de evaluación, sino que forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas. El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido.
La convocatoria de la primera prueba se dará a conocer en próximos días. En cualquier caso el examen no podrá producirse al menos hasta tres meses después de publicarse la fecha.
Constara, únicamente, de una prueba escrita
NOTICIAS MUTUALIDAD
NOTICIAS MUTUALIDAD
Los mutualistas recibirán una rentabilidad en el Plan Universal del 5,30% por el ejercicio 2013

En el ejercicio 2013, la Mutualidad ha conseguido un rendimiento neto de inversiones del 5,89%, que se traduce en un 5,30% de rentabilidad para el Plan Universal. Ello significa que, una vez aprobadas las cuentas anuales, los mutualistas recibirán un 0,8% de renta complementaria y añadida al 4,50%, ya adelantada trimestralmente.
Los rendimientos obtenidos se comparan muy favorablemente frente a la inflación del periodo (0,3%), lo que supone una rentabilidad real de las inversiones para los mutualistas del 5%, la más alta desde la constitución del Plan Universal.



Distribución de la cartera de activos de la Mutualidad.
A cierre de diciembre, la cartera de la Mutualidad se desglosa en un 82,35% de inversiones en renta fija, un 5,17% en renta variable (acciones y fondos de inversión), un 11,32% en inversiones inmobiliarias gestionadas de manera directa y un 1,16% en depósitos y tesorería. Como se puede apreciar, se trata de una distribución con un perfil muy conservador y un claro sesgo hacia los rendimientos recurrentes con alto grado de seguridad. Distribución de la cartera de activos de la Mutualidad.
A cierre de diciembre, la cartera de la Mutualidad se desglosa en un 82,35% de inversiones en renta fija, un 5,17% en renta variable (acciones y fondos de inversión), un 11,32% en inversiones inmobiliarias gestionadas de manera directa y un 1,16% en depósitos y tesorería. Como se puede apreciar, se trata de una distribución con un perfil muy conservador y un claro sesgo hacia los rendimientos recurrentes con alto grado de seguridad.
Expectativas de rentabilidad para el 2014

La composición de la cartera de inversiones de la Mutualidad permite a la Mutualidad seguir abonando el 4,50% como rentabilidad a cuenta en el Plan Universal para el primer trimestre de 2014. El objetivo para este ejercicio, pues, es conseguir situar la rentabilidad a final de año en torno al objetivo marcado del 5%.
Los mutualistas recibirán una rentabilidad en el Plan Universal del 5,30% por el ejercicio 2013