La abogacía apuesta por mantener el actual modelo de Justicia gratuita
Comunicación/ICAM
28/12/11

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, manifestó ayer al diario de información económica Cinco Días, que los recortes presupuestarios previstos por el nuevo Gobierno no deberían afectar a la Justicia y menos al modelo de Justicia gratuita, que en su opinión es el mejor sistema del mundo. "Los recortes no deben ser a costa de la Justicia y menos de los mas desfavorecidos, por eso la abogacía se ha comprometido a buscar soluciones imaginativas para garantizar la máxima eficacia", explico el presidente de los ciento sesenta y ocho mil quinientos letrados colegiados.
El turno de oficio que es voluntario para los treinta y seis mil abogados que lo conforman, "también es la última esperanza de la Justicia para cientos de miles de ciudadanos, auténticos perdedores de la crisis. Si les reducimos su derecho de defensa, serán injustas y doblemente víctimas de la crisis", insistió Carnicer.

El CGAE pide medidas ante el atasco de la Justicia
Ante las recientes manifestaciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la posibilidad de habilitar el mes de agosto para procesos judiciales, el Consejo General de la Abogacía Española quiere manifestar:
1.- La vigente inhabilitación del mes de agosto opera sólo en el ámbito civil y contencioso-administrativo, ya que todo el mes de agosto es hábil para tramitar asuntos laborales y penales. También durante los 366 días de 2012, los abogados de oficio atienden y atenderán las 24 horas del día cualquier asunto que se produzca.
2.- La inhabilitación del mes de agosto no fue debida a reivindicaciones de ningún colectivo concreto sino al sentir general de todos cuantos actúan en la Administración de Justicia sobre una realidad social a la que necesariamente debe ser sensible y se adapta la legislación. Era y sigue siendo público y notorio que la inmensa mayoría de los españoles disfruta de sus vacaciones en el período estival y especialmente en agosto y que citar en ese período a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría la suspensión de "uno de cada diez juicios" por incomparecencias como han señalado fuentes judiciales solventes. Esa disminución de la actividad judicial no es, además, exclusiva de España y, en todo caso, si no se incrementan las horas de trabajo o las plantillas de jueces y demás funcionarios, no se concibe cómo se puede incrementar la productividad.
3.- La demora en la tramitación de los asuntos exclusivamente civiles y contencioso-administrativos por la inhabilidad del mes de agosto supone un retraso máximo de 20 días, reduce su trascendencia teniendo en cuenta el retraso medio en la tramitación de procesos judiciales en España y que, en algunos casos y en asuntos no especialmente conflictivos se están señalando juicios para 2014 o 2015. Habilitar agosto, sin otras medidas, podría suponer además una ralentización de la actividad de los juzgados en julio y septiembre, ya que los jueces y demás funcionarios tendrían que repartir sus vacaciones en ese período.
4.- Existen otras muchas formas de reducir dilaciones en los procedimientos judiciales que van desde la posibilidad de habilitar las tardes para los juicios y el trabajo en los juzgados, el cumplimiento de los horarios y de los señalamientos, el aumento de la productividad, la adecuada informatización de los tribunales, el aumento del número de jueces y otros funcionarios, la potenciación de la mediación y el arbitraje, sacar del marco jurisdiccional los asuntos menos importantes, etc.
5.- En todo caso, el Consejo General de la Abogacía Española entiende que para que estas medidas sean eficaces y alivien el atasco endémico que padece la Administración de Justicia deben concretarse y ser fruto del debate, el consenso y del pacto entre todos los operadores jurídicos y las Administraciones Públicas, y paso previo para el tan demandado e imprescindible Pacto de Estado por la Justicia.

Reforma de la Ley del aborto, nueva ley del menor y pena de prision revisable
Comunicacion/ICAM
En cuanto a las reformas legislativas parciales, Ruiz-Gallardón ha propuesto una reforma de la actual Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno en relación a las menores, y ha avanzado una nueva regulación en la Ley del Menor, por la que se unificará la investigación y el enjuiciamiento en casos de delito grave.
Además, el ministro ha avanzado la posible instauración de la segunda instancia penal y de la "pena de prisión revisable", configurada esta última como medida "excepcional" para supuestos muy restringidos y que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social; así como de cambios para enfrentar el problema de la multirreincidencia.
"No estamos hablando de ninguna de las formas de una prolongación de penas privativas de libertad y quiero insistir en que ese carácter revisable será compatible con la reinserción del preso", ha apuntado el ministro.

NOTICIAS MUTUALIDAD
Lo más destacado

La rentabilidad del Plan Universal en 2011 se sitúa en el 4,70% para el mutualista

La rentabilidad neta de las inversiones de la Mutualidad durante el ejercicio 2011 fue de un 5,22% sobre los fondos medios invertidos. Esto permitirá trasladar un 4,70% a los mutualistas (90% de la rentabilidad neta total), es decir, un 0,20% adicional al 4,50% entregado a cuenta durante el ejercicio. El abono de este complemento de rentabilidad se realizará una vez aprobadas las cuentas anuales por la Asamblea.

Aunque la rentabilidad nominal para el mutualista es inferior a la de 2010, que fue del 5,15%, sigue siendo una excelente rentabilidad, teniendo en cuenta la situación económica en general y muy superior a la de los planes de pensiones, ya que éstos han arrojado una rentabilidad negativa.

De Interés

Impuesto extraordinario sobre las rentas del trabajo y del capital

Durante los años 2012 y 2013 será recomendable aplazar el cobro de prestaciones de ahorro jubilación, si resulta posible, a fin de no tener que gravar las mismas con el impuesto extraordinario sobre rentas del trabajo y del capital que estará vigente en los años 2012 y 2013.




Actualidad

Las aportaciones de los mutualistas han crecido un 12,8% en 2011

Teniendo en cuenta los incrementos de aportaciones periódicas que voluntariamente han suscrito los mutualistas durante el año 2011 y las aportaciones extraordinarias y movilizaciones efectuadas, la suma total de aportaciones de los mutualistas se ha situado en los 313 millones de euros, un 12,8% más que el año anterior.

Termina el año 2011 con 31,9 millones de euros en movilizaciones de fondos de pensiones hacia la Mutualidad

Las movilizaciones de saldos de fondos de pensiones que los mutualistas han transferido a la Mutualidad en los últimos cuatro años se han elevado a más de 120 millones de euros.

APROBADA LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR
El reglamento mejorará la formación de abogados y procuradores, y su objetivo principal es garantizar a los ciudadanos una mejor defensa jurídica de sus derechos.
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Reglamento de la Ley sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, de 30 de octubre de 2006.

La norma tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de mayor calidad.

Para alcanzar este objetivo, la Ley establece un sistema de formación basada en la excelencia con tres pilares básicos: realización de un curso formativo específico, desarrollo de un periodo de prácticas y, en tercer lugar, una prueba para la evaluación de la aptitud profesional.

En la elaboración del Reglamento, además de los ministerios proponentes (Justicia y Educación), han participado representantes de las universidades y facultades de Derecho, de la abogacía y la procura institucional, y se ha tenido en consideración la opinión de estudiantes de enseñanzas jurídicas.

Los aspectos más relevantes son los siguientes:

Acceso. Quienes deseen realizar el curso deberán estar en posesión de un título universitario que acredite determinadas competencias jurídicas, que se indican en el Real Decreto, y que se consideran adquiridas por los licenciados o graduados en Derecho.

Duración y contenido. Los planes de estudio de los cursos formativos deberán comprender sesenta créditos ECTS dirigidos a proporcionar las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la abogacía y de la procura, conforme a unos estándares de calidad homologables con los países de la Unión Europea.
Organización. Los cursos podrán ser impartidos:

1) Por Universidades, en el marco de las enseñanzas para la obtención de un título oficial de master universitario, incluso combinando créditos pertenecientes a distintos planes de estudios de títulos oficiales de posgrado, lo que facilita la especialización.


2) Por Escuelas de Práctica Jurídica, creadas por los Colegios de Abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía.

3) Conjuntamente por las Universidades y las Escuelas de Práctica Jurídica.

Excelencia. Los cursos de formación deben estar acreditados por los Ministerios de Justicia y Educación conforme a criterios homogéneos de excelencia.
Universalidad. La oferta formativa será asequible para los estudiantes, quienes tendrán en todo caso garantizado su derecho de acceso a la formación para el ejercicio profesional mediante el otorgamiento de becas, específicamente dirigidas a realizar los máster universitarios.

Prácticas externas. Las prácticas supondrán treinta créditos adicionales a los de los cursos formativos. Serán tuteladas por abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión, al menos, durante cinco años y se desarrollarán, total o parcialmente, en juzgados o tribunales, fiscalías, despachos profesionales, instituciones oficiales o empresas. Además, siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía o de la procura, podrán también desarrollarse en establecimientos policiales, centros penitenciarios o entidades que desarrollan actividades de interés general.

Mediante el nuevo sistema de formación, los futuros abogados y procuradores españoles se situarán al mismo nivel de capacitación profesional de sus homólogos europeos, con quienes podrán competir en situación de igualdad en el contexto de un mercado de libre prestación de servicios.