El reglamento mejorará la formación de abogados y procuradores, y su objetivo principal es garantizar a los ciudadanos una mejor defensa jurídica de sus derechos.
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Reglamento de la Ley sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, de 30 de octubre de 2006.

La norma tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de mayor calidad.

Para alcanzar este objetivo, la Ley establece un sistema de formación basada en la excelencia con tres pilares básicos: realización de un curso formativo específico, desarrollo de un periodo de prácticas y, en tercer lugar, una prueba para la evaluación de la aptitud profesional.

En la elaboración del Reglamento, además de los ministerios proponentes (Justicia y Educación), han participado representantes de las universidades y facultades de Derecho, de la abogacía y la procura institucional, y se ha tenido en consideración la opinión de estudiantes de enseñanzas jurídicas.

Los aspectos más relevantes son los siguientes:

Acceso. Quienes deseen realizar el curso deberán estar en posesión de un título universitario que acredite determinadas competencias jurídicas, que se indican en el Real Decreto, y que se consideran adquiridas por los licenciados o graduados en Derecho.

Duración y contenido. Los planes de estudio de los cursos formativos deberán comprender sesenta créditos ECTS dirigidos a proporcionar las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la abogacía y de la procura, conforme a unos estándares de calidad homologables con los países de la Unión Europea.
Organización. Los cursos podrán ser impartidos:

1) Por Universidades, en el marco de las enseñanzas para la obtención de un título oficial de master universitario, incluso combinando créditos pertenecientes a distintos planes de estudios de títulos oficiales de posgrado, lo que facilita la especialización.


2) Por Escuelas de Práctica Jurídica, creadas por los Colegios de Abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía.

3) Conjuntamente por las Universidades y las Escuelas de Práctica Jurídica.

Excelencia. Los cursos de formación deben estar acreditados por los Ministerios de Justicia y Educación conforme a criterios homogéneos de excelencia.
Universalidad. La oferta formativa será asequible para los estudiantes, quienes tendrán en todo caso garantizado su derecho de acceso a la formación para el ejercicio profesional mediante el otorgamiento de becas, específicamente dirigidas a realizar los máster universitarios.

Prácticas externas. Las prácticas supondrán treinta créditos adicionales a los de los cursos formativos. Serán tuteladas por abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión, al menos, durante cinco años y se desarrollarán, total o parcialmente, en juzgados o tribunales, fiscalías, despachos profesionales, instituciones oficiales o empresas. Además, siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía o de la procura, podrán también desarrollarse en establecimientos policiales, centros penitenciarios o entidades que desarrollan actividades de interés general.

Mediante el nuevo sistema de formación, los futuros abogados y procuradores españoles se situarán al mismo nivel de capacitación profesional de sus homólogos europeos, con quienes podrán competir en situación de igualdad en el contexto de un mercado de libre prestación de servicios.

La confianza de los españoles en el Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia ha caído durante los tres últimos años coincidiendo con la crisis económica, al tiempo que ha crecido el número de ciudadanos que piensa que los jueces y magistrados están "fuera de onda" y que sus sentencias se convierten en "papel mojado" ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".

En total, el 54 por ciento de los ciudadanos considera que España está en este sentido en peor situación que el resto de países avanzados y otro gran porcentaje de ellos opina que los jueces están "fuera de onda", alejados de los problemas reales de la sociedad.

Así se desprende del IV Barómetro Externo de la Abogacía 'La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española', elaborado por Metroscopia, que ha sido presentado este martes por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, en la sede del CGAE en Madrid.

El informe, que ha recogido la opinión de 4.000 entrevistados, desprende que se ha reducido el número de ciudadanos que valora positivamente la garantía y la protección de los derechos fundamentales. Así, el 55 por ciento cree que España se encuentra en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más desarrollados, mientras que un 33 por ciento de la población considera que está en el furgón de cola (hace tres años sólo el 17 por ciento de los encuestados tenía esta opinión).

Para el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, el balance del barómetro arroja que "estamos en un momento extraordinario" para acometer "la gran reforma de la Justicia" a través de un pacto de Estado, más prolongado del suscrito en 2001. "Hace falta un grandísimo pacto de Estado que empiece por que el Ministerio de Justicia se llame Ministerio de relaciones con la Administración de Justicia, por que el Consejo General del Poder Judicial sea Consejo General de Magistratura y que las comunidades autónomas aclaren sus competencias para no liar a la ciudadanía", ha señalado.

En cuanto al diagnóstico que los sondeados hacen sobre la Administración de Justicia, la mayoría opina que ésta funciona mal y es lenta, anticuada y complicada. A este respecto, estima que es "tan lenta que más vale evitar acudir a ella", que su lenguaje y sus procedimientos son "excesivamente complicados y difíciles de entender" para el ciudadano medio y que, en muchas ocasiones, las sentencias se quedan en papel mojado ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".

Según el estudio, un 55 por ciento de los españoles reconoce haber acudido a un despacho de un letrado y puntúa la satisfacción con los servicios recibidos en un 6.9, valorando especialmente la atención y el trato prestado, su preparación técnica e interés por el asunto y el importe de los honorarios cobrado.
Carnicer se ha mostrado satisfecho por la notable valoración que tienen los entrevistados sobre la actuación de los abogados

El presidente de Metroscopia ha explicado que la crisis económica conlleva un clima de desánimo que daña la confianza en las instituciones. "La ciudadanía tiene la percepción de que en calidad de la democracia hemos perdido", ha precisado.

Los encuestados agradecen la capacidad de los abogados para buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa (lo valoran especialmente un 62 por ciento) y su experiencia en los juicios (35 por ciento). No obstante, un 85 por ciento ve necesario que las nuevas promociones cuenten con formación adicional para ejercer la Abogacía, lo que, para el CGAE, supone un amplio apoyo a la Ley de Acceso por la que se requerirá un master a los nuevos letrados.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha reclamado durante su discurso con motivo de la Apertura del Año Judicial que se guarde respeto por las decisiones y criterios sentados por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional porque sus decisiones "deben ser respetadas por todos, en especial por las instituciones públicas", ha añadido.
Sin hacer mención expresa al conflicto entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Generalitat a cuenta del idioma en la enseñanza, el presidente del Supremo ha afirmado que la disconformidad con las decisiones judiciales debe ser "canalizada por la vía de los recursos pues el estado de derecho exige el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes".
Dívar también se ha referido a las "zonas de fricción" que pueden aparecer en las esferas de actuación de los diferentes tribunales, y ha manifestado que respecto al Tribunal Constitucional "el llamado "diálogo entre tribunales" debe basarse en el reconocimiento por el tribunal de garantías de la jurisprudencia del Tribunal Supremo "como expresión de la realidad viva del derecho",así como en el respeto por este último, que él preside, de los criterios sentados por el Constitucional.
Durante su intervención, el presidente del Poder Judicial también se ha referido a "las difíciles circunstancias económicas" que atraviesa el país y a su incidencia en la Justicia, señalando que los jueces son conscientes de la situación y que desde el CGPJ se realizan estudios "para calcular el coste de los litigios con el fin de que los recursos presupuestarios de las diferentes Administraciones se asignen de la manera más eficiente".
No obstante, ha advertido de que la modernización de la justicia "es un principio irrenunciable y se debe llevar a cabo con los medios disponibles en cada momento", porque es un proceso que "ha costado mucho trabajo iniciar y, sobre todo, mucho tiempo poner en marcha".