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Jueves, 01 de Enero de 1970
El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita

Por:
El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita
22/02/14
Comunicación/ICAME

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes 21 de Febrero su proye...

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El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita

22/02/14
Comunicación/ICAME

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes 21 de Febrero su proyecto de ley de Justicia Gratuita, en el que amplía este derecho a las asociaciones de víctimas de terrorismo, de consumidores y usuarios y de discapacitados cuando actúen en defensa de sus intereses.
En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha destacado el "amplio contenido social" y la "fuerza" del texto, que constituye la "otra cara de la moneda de la ley de tasas" al establecer una "vinculación" entre los ingresos generados por este gravamen con la financiación de la Justicia Gratuita.
Entre las novedades más significativas, el proyecto reconoce el derecho a tener justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados psíquicos que sufran maltrato o abuso o a quienes reclamen indemnizaciones por las secuelas de carácter permanente sufridas en un accidente.
El Gobierno aprobó hace un año un real decreto por el que modificaba la polémica ley de tasas y anticipaba la entrada en vigor de puntos esenciales del anteproyecto de Justicia Gratuita para que los nuevos beneficiarios pudieran acogerse desde ese mismo momento.
Con independencia de sus recursos para litigar, el proyecto incluye como beneficiarios a las asociaciones anteriormente mencionadas, junto a la Cruz Roja, a sindicatos y a representantes de los trabajadores y a las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo cuando actúen en defensa de sus intereses.
El proyecto mantiene la justicia gratuita para trabajadores, funcionarios, personal estatutario y beneficiarios de la Seguridad Social en primera instancia e incorpora la posibilidad de que sean representados en procesos laborales por graduados sociales. Cuando recurran tendrán una bonificación del 60 por ciento de la tasa.

De igual modo, el proyecto eleva el umbral para que puedan acogerse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones. A partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950), mientras que antes para poder acceder tenían que tenerlos de menos de tres veces (19.170).
El umbral para contar con justicia gratuita pasa de 14.910,28 euros al año hasta los 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39). Cuando el solicitante no forme parte de una unidad familiar el umbral se sitúa en dos veces el IPREM.
Ante determinadas circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, el límite asciende de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).
Además, se permite la posibilidad de que los beneficiarios elijan qué prestaciones desean obtener. Entre ellas, se encuentra la exención de las tasas, abogado, procurador, asistencia pericial, información sobre mediación, inserción gratuita de anuncios o edictos, obtención gratuita de copias, y reducción del 80% de los derechos arancelarios.
Por primera vez, la ley recoge expresamente a los imputados y a los reclamados por euroórdenes, ya que hasta ahora la norma sólo mencionaba a los presos y detenidos como posibles beneficiarios de la justicia gratuita si sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos.

Además, introduce controles para que no haya abusos ni fraudes en el ejercicio de una prestación que "pagamos todos los españoles". Así, se establece una "presunción de abuso" cuando la persona solicite "tres veces al año" este derecho en todos los órdenes, salvo en el penal. En ese caso, podrá pedirlo pero acreditando esa necesidad.
Si en el plazo de cuatro años el beneficiario mejora su fortuna y sus ingresos constituyen el doble del umbral por el que en su día accedió a la justicia gratuita, la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.
En este sentido, la norma incrementa las facultades de averiguación patrimonial por parte de los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. El juzgado podrá apreciar la existencia de abuso de derecho por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y la revocará y podrá condenarle en costas.
Por otra parte, la Administración se compromete a abonar los servicios prestados en los cinco primeros días al abogado de oficio cuando a una persona no le es reconocido finalmente este derecho en el orden penal.
Los trámites para la obtención de la justicia gratuita se agilizan con la obligatoriedad de que los colegios y las administraciones utilicen el expediente electrónico en sus comunicaciones, mientras se contempla la creación de un comité de consultas en el Ministerio de Justicia para prestar un servicio homogéneo en todas las comunidades.

Jueves, 01 de Enero de 1970
La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado

Por:
La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado
24/02/14
Comunicación/ICAME

Ante el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional ...

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La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado

24/02/14
Comunicación/ICAME

Ante el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional de abogado y el grave perjuicio que se está causando a los graduados en Derecho que ya han realizado el máster de acceso, el Consejo General de la Abogacía Española reclama la convocatoria urgente de la evaluación final para que éstos puedan obtener la aptitud profesional que acredita las competencias necesarias para el ejercicio de la Abogacía.
La evaluación de aptitud profesional –única e idéntica en todo el territorio nacional- debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. El retraso en publicar la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía
El Consejo General de la Abogacía Española, que siempre ha trabajado en colaboración con los Ministerio de Justicia y Educación, llevando a cabo todas aquellas labores de apoyo y desarrollo de la realización de la prueba de acceso, dentro del ámbito de la colaboración institucional, estima que la celebración de este examen es una garantía para los ciudadanos de que los abogados que les defiendan están adecuadamente preparados para ello y que, por tanto, el examen es irrenunciable.
La Abogacía siempre ha defendido que el enfoque de la prueba de acceso sea eminentemente práctico y responda a las situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados. Las evaluaciones deben ir dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado.

Jueves, 01 de Enero de 1970
Unos 300 estudiantes de Derecho se manifiestan para suprimir el examen de acceso a la abogacía

Por:
Unos 300 estudiantes de Derecho se manifiestan para suprimir el examen de acceso a la abogacía
24/02/14
Comunicación/ICAME

Este es el lema con el que unas 300 personas – según la organización – se manifestaron, en Ma...

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Unos 300 estudiantes de Derecho se manifiestan para suprimir el examen de acceso a la abogacía

24/02/14
Comunicación/ICAME

Este es el lema con el que unas 300 personas – según la organización – se manifestaron, en Madrid, el pasado sábado 21 de Febrero en una concentración convocada por la plataforma ‘Abogados sin toga’. La entidad ha sido creada recientemente por un grupo de estudiantes ante el retraso de los Ministerios de Educación y Justicia en publicar la convocatoria del examen estatal necesario para colegiarse, tras la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía.
Sus miembros critican que cientos de graduados en Derecho que ya han superado el master de acceso, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado. Dicen que que se encuentran en un “limbo legal”.”Las autoridades competentes no nos proporcionan información de ningún tipo: no existe una convocatoria oficial del examen, no se sabe la fecha exacta, tampoco se sabe el temario concreto ni mucho menos, la estructura del mismo”, aseguran, por lo que solicitan la supresión de la prueba.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), entidad que representa a los 120.000 estudiantes que están cursando el grado en nuestro país, se ha desmarcado de las peticiones de la plataforma convocante. El presidente de la asociación, Alejandro Soto Carbajal, asegura que la supresión de la prueba se encuentra “absolutamente descartada” por parte del Ministerio de Justicia y que las recientes movilizaciones pertenecen a un “momento anterior” en el desarrollo de la negociación con el Ministerio”. “Lo que toca ahora, y así lo hemos hecho, es tratar de dotar a la prueba de un contenido y una estructura útil para el estudiante, dirigida a la versificación de la adquisición definitiva de unos conocimientos deontológicos, procesales y de organización que al mismo tiempo impulse la especialización de nuestros graduados”, explica Soto.
Según fuentes de la propia organización, el Proyecto de Real Decreto que modifica al anterior Reglamento que desarrollaba la Ley 34/2006 está únicamente a la espera del informe del Consejo de Estado, que deberá emitirse en los próximos días. Una vez publicado dicho Real Decreto, la primera convocatoria del examen debería producirse inmediatamente después, a los efectos de poder celebrar la prueba en el mes de mayo o, a más tardar, en junio.
La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la abogacía propuesta por el CONEDE supondría que la segunda parte del examen –tras la resolución de 40 preguntas tipo test- consista en la contestación a una batería de preguntas tipo test sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionadas por el graduado entre las correspondientes a los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.


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