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Jueves, 01 de Enero de 1970
La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado

Por:
La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado
24/02/14
Comunicación/ICAME

Ante el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional ...

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La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado

24/02/14
Comunicación/ICAME

Ante el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional de abogado y el grave perjuicio que se está causando a los graduados en Derecho que ya han realizado el máster de acceso, el Consejo General de la Abogacía Española reclama la convocatoria urgente de la evaluación final para que éstos puedan obtener la aptitud profesional que acredita las competencias necesarias para el ejercicio de la Abogacía.
La evaluación de aptitud profesional –única e idéntica en todo el territorio nacional- debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. El retraso en publicar la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía
El Consejo General de la Abogacía Española, que siempre ha trabajado en colaboración con los Ministerio de Justicia y Educación, llevando a cabo todas aquellas labores de apoyo y desarrollo de la realización de la prueba de acceso, dentro del ámbito de la colaboración institucional, estima que la celebración de este examen es una garantía para los ciudadanos de que los abogados que les defiendan están adecuadamente preparados para ello y que, por tanto, el examen es irrenunciable.
La Abogacía siempre ha defendido que el enfoque de la prueba de acceso sea eminentemente práctico y responda a las situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados. Las evaluaciones deben ir dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado.

Jueves, 01 de Enero de 1970
Unos 300 estudiantes de Derecho se manifiestan para suprimir el examen de acceso a la abogacía

Por:
Unos 300 estudiantes de Derecho se manifiestan para suprimir el examen de acceso a la abogacía
24/02/14
Comunicación/ICAME

Este es el lema con el que unas 300 personas – según la organización – se manifestaron, en Ma...

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Unos 300 estudiantes de Derecho se manifiestan para suprimir el examen de acceso a la abogacía

24/02/14
Comunicación/ICAME

Este es el lema con el que unas 300 personas – según la organización – se manifestaron, en Madrid, el pasado sábado 21 de Febrero en una concentración convocada por la plataforma ‘Abogados sin toga’. La entidad ha sido creada recientemente por un grupo de estudiantes ante el retraso de los Ministerios de Educación y Justicia en publicar la convocatoria del examen estatal necesario para colegiarse, tras la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía.
Sus miembros critican que cientos de graduados en Derecho que ya han superado el master de acceso, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado. Dicen que que se encuentran en un “limbo legal”.”Las autoridades competentes no nos proporcionan información de ningún tipo: no existe una convocatoria oficial del examen, no se sabe la fecha exacta, tampoco se sabe el temario concreto ni mucho menos, la estructura del mismo”, aseguran, por lo que solicitan la supresión de la prueba.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), entidad que representa a los 120.000 estudiantes que están cursando el grado en nuestro país, se ha desmarcado de las peticiones de la plataforma convocante. El presidente de la asociación, Alejandro Soto Carbajal, asegura que la supresión de la prueba se encuentra “absolutamente descartada” por parte del Ministerio de Justicia y que las recientes movilizaciones pertenecen a un “momento anterior” en el desarrollo de la negociación con el Ministerio”. “Lo que toca ahora, y así lo hemos hecho, es tratar de dotar a la prueba de un contenido y una estructura útil para el estudiante, dirigida a la versificación de la adquisición definitiva de unos conocimientos deontológicos, procesales y de organización que al mismo tiempo impulse la especialización de nuestros graduados”, explica Soto.
Según fuentes de la propia organización, el Proyecto de Real Decreto que modifica al anterior Reglamento que desarrollaba la Ley 34/2006 está únicamente a la espera del informe del Consejo de Estado, que deberá emitirse en los próximos días. Una vez publicado dicho Real Decreto, la primera convocatoria del examen debería producirse inmediatamente después, a los efectos de poder celebrar la prueba en el mes de mayo o, a más tardar, en junio.
La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la abogacía propuesta por el CONEDE supondría que la segunda parte del examen –tras la resolución de 40 preguntas tipo test- consista en la contestación a una batería de preguntas tipo test sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionadas por el graduado entre las correspondientes a los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.

Jueves, 01 de Enero de 1970
La Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita supone un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos

Por:
La Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita supone un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos
24/02/14
Comunicación/ICAME

Tras el análisis jurídico del proyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el pasado viernes por...

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La Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita supone un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos

24/02/14
Comunicación/ICAME

Tras el análisis jurídico del proyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el Consejo General de la Abogacía Española considera que burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales.
• PERJUICIOS AL CIUDADANO. La supresión de la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano. El proyecto de Ley exige en su artículo 25 al letrado del Turno de Oficio el “requisito indispensable de que, con independencia de su lugar de residencia o establecimiento, pueda personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo”. Con el proyecto de Ley, cualquier letrado de cualquier Colegio de Abogados podrá darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Así un abogado residente en Santander podrá adscribirse al Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Cádiz, por lo que sería de imposible materialización el cumplimiento de ese plazo, especialmente en la asistencia a detenidos en dependencias policiales y se tendría que abrir un nuevo período de tres horas, mientras el detenido espera. Pero, además, en un caso de divorcio, el abogado de oficio puede estar en A Coruña y su cliente en Almería. El proyecto de Ley no sólo no ofrece ninguna ventaja al ciudadano, sino que perjudica la actual prestación del servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana y dificulta enormemente el control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas negligentes de abogados que no están adscritos a su demarcación territorial.
• NO A LA VINCULACIÓN A LA LEY DE TASAS. La Abogacía rechaza que este proyecto de Ley se vincule a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes y porque la Ley de Tasas, una norma con amplio rechazo social, político y judicial, está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad (Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y de varias cuestiones de inconstitucionalidad.
• LA SUBIDA ENGAÑOSA DE LOS UMBRALES DE ACCESO. Los nuevos importes establecidos para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 12.780 euros anuales, mientras que ahora se incrementa a 14.910 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.
• AUMENTA LA BUROCRACIA. El proyecto de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los expedientes, lo que supone un gasto público innecesario y anticompetitivo. Más del 90% de las solicitudes, expedientes y designaciones de Justicia Gratuita son ratificados por las diferentes Administraciones Públicas. Este sistema supone continuar con una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento del ciudadano a la Justicia Gratuita. Además, se incrementan las obligaciones de averiguación patrimonial por los Colegios de Abogados.
• FALTA DE IGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS. La extensión del derecho a Justicia Gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas) –al margen de sus recursos económicos- supone una quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio. Este reconocimiento, en un contexto de recortes generalizados, puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y aboca a este servicio de Justicia Gratuita a dificultades de viabilidad económica.
• AUMENTA LAS OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS Y REDUCE LOS BAREMOS. El proyecto de Ley supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Esta reducción de unos módulos ya históricamente infravalorados supone un menosprecio a la labor de los abogados del Turno de Oficio. Además, el proyecto impone límites a la libertad e independencia de los abogados y prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido
• NO RESUELVE LOS PROBLEMAS REALES. El proyecto es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa.
• SOSPECHAS INJUSTIFICADAS HACÍA EL CIUDADANO. Se establece una sospecha hacia los ciudadanos que soliciten tres veces año el beneficio de Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente.
• NO HAY GARANTÍA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA. El texto aprobado por el Gobierno no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita. Las tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa.
• MÁS DIFICULTAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA Y MENOS DERECHOS PARA LOS CIUDADANOS. La suma del proyecto de Ley de Justicia Gratuita a la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana se resume en más dificultades para el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.
• DIÁLOGO PARA MEJORAR EL PROYECTO DE LEY. La Abogacía coincide con el Gobierno en que, después de 18 años de vigencia de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, es necesaria una reforma dialogada para adecuar este servicio a los ciudadanos a la actual realidad social y económica, abordando posibles disfunciones y dignificando el trabajo de los abogados del Turno de Oficio en beneficio de la población sin recursos. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su voluntad de colaborar activamente en el trámite parlamentario, buscando siempre el interés del ciudadano beneficiario de este servicio y trabajando por la dignidad del abogado que lo presta. La Abogacía aplaude que el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita –puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía a coste cero para la Administración y para los ciudadanos- sea de uso obligatorio en las comunicaciones entre Administraciones y Colegios de Abogados.


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